El día 31 de octubre de 2017 se llevó a cabo en el auditorio de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, las jornadas tituladas "Salud Mental y Derecho", organizadas por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones.
La actividad se organizó alrededor de 6 mesas, conformadas por 27 ponentes, de los cuales todos -excepto los abogados- fueron médicos psiquiatras, la mayoría de estos panelistas son funcionarios públicos y algunos con funciones de autoridad tanto en Nación como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En forma unánime, todos los expositores manifestaron su oposición a la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y plantearon su voluntad de impulsar reformas a ésta y a su decreto reglamentario 603/2013, para lo cual consideran que cuentan con el aval político de la autoridad de aplicación.
Entre los aspectos más cuestionados por los participantes estuvieron el control judicial de las internaciones y el derecho a la defensa técnica de los usuarios, los órganos de revisión en salud mental, la garantía de los derechos de la LNSM para las personas con consumo problemático, el trabajo interdisciplinario y el objetivo de la sustitución total de los manicomios para 2020.
Entre los argumentos esgrimidos abundó información falaz y tergiversada sobre el accionar de los organismos creados por la Ley y fueron eludidas por completo las falencias en la política pública que esos mismos funcionarios diseñan y ejecutan y que han generado el contexto de graves violaciones a derechos humanos de las personas encerradas en los manicomios.
Los funcionarios públicos tienen la obligación de hacer cumplir el marco normativo vigente, so pena de incurrir en el incumplimiento de sus deberes, con las consecuencias legales que eso implica, por lo tanto, es preocupante que desde la misma autoridad de aplicación de la LNSM se convoque y avale una actividad con estas características.
Estimamos que estas jornadas, realizadas en este momento de aceleramiento del recorte de derechos, evidencia la voluntad política del Poder Ejecutivo para legitimar eventuales reformas dirigidas a desnaturalizar el espíritu y la esencia de la LNSM y su decreto reglamentario.
Todo retroceso en el marco normativo vigente se traducirá en el agravamiento de las violaciones a derechos que suceden en los manicomios y generará responsabilidad nacional e internacional para el Estado.
Red Nacional de Salud Mental Comunitaria y Derechos Humanos
