El 1° de agosto pasado comenzó a regir en la República Argentina el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN).

En el proceso de discusión que dio origen al mismo, organizaciones de derechos humanos y de usuarios, familiares y profesionales de la salud mental hicimos aportes centrados en la necesidad de actualizar la comprensión de la capacidad jurídica desde una perspectiva de igualdad ante la ley, respeto a la autonomía y la dignidad de las personas con padecimiento mental, principios defendidos por las organizaciones históricamente y ahora respaldados en instrumentos normativos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM).

En ese sentido, celebramos la incorporación explícita de la figura de sistemas de apoyo, el requisito de la evaluación interdisciplinaria en el marco de los procesos judiciales y la obligación de revisión periódica de las sentencias. Pensamos que esta es una oportunidad histórica para que los jueces y operadores judiciales del ámbito civil y de familia incorporen estos conceptos para fomentar y apuntalar el ejercicio de la capacidad jurídica dando lugar a la materialización de nuevas y mejores prácticas. En ese marco, nos ponemos a disposición para acompañar y aportar a los procesos de capacitación y la formación para el cambio de prácticas, que el nuevo CCCN amerita.

Queremos asimismo señalar que, a fin de garantizar la plena igualdad ante la ley, aún siguen vigentes disposiciones que señalan la persistencia en el CCCN del antiguo modelo de incapacitación. El pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de personas con discapacidad, tal como lo exige la CDPD, que es ley asumida por el Estado Argentino, requiere superar esta contradicción entre dos modelos que son incompatibles. Esta Red también estará allí, dispuesta a aportar lo que sea necesario en el camino que queda por recorrer.

Desde esta Red creemos que las nuevas prácticas deben desarrollarse en el contexto de un Poder Judicial democrático, que adecue su estructura y funcionamiento para garantizar el pleno acceso a la justicia de todas las personas, especialmente de aquellas tradicionalmente invisibilizadas y excluidas.