Campaña pública para exigir al estado la desmanicomialización

ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) lanzó la activación “El encierro no cura, la vida en comunidad, sí” que consta de una serie de videos cortos para exigir al Estado nacional que cumpla con las obligaciones de la Ley Nacional de Salud Mental y los tratados internacionales.

En Argentina, las personas con discapacidad psicosocial se enfrentan a sistemáticas violaciones de derechos al ser internadas y aisladas en hospitales psiquiátricos que impiden la vida en comunidad y funcionan de acuerdo a una lógica tutelar e incapacitante que profundiza el padecimiento mental. La Ley Nacional de Salud Mental (2010) impone el cierre de estas instituciones y su reemplazo por una red de dispositivos alternativos a la internación que permitan vivir en libertad. Sin embargo, a 8 años de su aprobación, el Estado no ha cumplido con la manda legal.

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En la actualidad, el encierro en instituciones monovalentes continúa siendo la principal respuesta al padecimiento mental. El Estado destina la mayor parte de sus recursos presupuestarios a sostener los manicomios y reduce sistemáticamente los fondos asignados a la promoción de la salud mental comunitaria. A modo de ejemplo, entre 2014 y 2019 el presupuesto sancionado para la actividad de apoyo y promoción de la salud mental se redujo en un 83,42%. Si se analiza el presupuesto ejecutado para esta misma actividad, se constata una reducción del 90,86% en los últimos 4 años. Ello impide avanzar en el modelo impuesto por la normativa vigente, que es a su vez el que ha demostrado ser exitoso en otras partes del mundo, como Trieste (Italia).

 

Al no existir dispositivos comunitarios, las personas -incluidas aquellas en situación de alta médica- permanecen indefinidamente aisladas, sin posibilidades de transicionar a la vida independiente y de establecer lazos sociales.  A su vez, el encierro en instituciones las coloca en una situación de especial vulnerabilidad que las expone a prácticas como la inmovilización física y farmacológica, el aislamiento en celdas de reclusión, el electroshock, la medicalización forzada y la sobremedicación, el maltrato físico y emocional, la incomunicación y el abandono.  La inexistencia de efectores de rehabilitación comunitaria ha sido constatada por la justicia argentina. En 2015, en el marco de la causa “SAF c. Estado Nacional y otros s/amparo”, el Estado Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron condenados a crearlos. Luego de 3 años, la sentencia permanece incumplida.

 

Descarga acá los videos de la campaña.