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El jueves pasado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal confirmó el procesamiento de seis funcionarios del Hospital Borda: Roberto Luis Capiello, Fabián Gustavo Pintow, Silvia Beatriz Schweitzer, Ismael Ricardo Portillo, Hugo Alfredo Dospital y Jorge Héctor Mastrícola. Todos ellos trabajaban en el Servicio 14-22, del Borda, en el momento en que Matías estaba internado. Matías Carbonell murió hace seis años, el 12 de noviembre de 2010, en el Hospital Penna. Había llegado en coma, derivado del Borda.

La Sala VI  de la Cámara de Apelaciones ratificó así el fallo de la jueza Wilma López, que los procesó tras encontrarlos responsables del delito de abandono de persona seguido de muerte contra Matías, de haber omitido su deber de denunciar las quemaduras por posible electrocución que tenía y de las maniobras de sustracción de prueba. Para los jueces Mario Filozof y Julio Marcelo Lucini quedó demostrado el riesgo al que estos profesionales expusieron a Matías “en virtud de un tratamiento profesional y farmacológico inadecuado” y concluyeron que en el 14-22 “la desidia frente a los pacientes era sistemática”.

Al ingresar al Penna, los médicos señalaron que su cuerpo tenía lesiones físicas compatibles con el pasaje de corriente eléctrica, entre otras condiciones físicas de extrema gravedad, que no pudieron ser revertidas. Desde 2009 atravesó una internación en condiciones denigrantes: fue maltratado y torturado y soportó diversas formas de violencia y hostigamiento de los profesionales. El CELS es querellante en la causa, en representación de la familia de Matías.

Consideramos que los funcionarios procesados, próximos a encarar un juicio oral y público por su accionar durante el ejercicio de sus funciones, deben ser apartados de sus tareas hasta que el proceso judicial termine. Situaciones como estas, además, imponen que la Ciudad de Buenos Aires adecue sus políticas y prácticas a las exigencias de la Ley Nacional de Salud Mental y apuntale los mecanismos para la promoción del Órgano de Revisión local, previsto por la ley.

Compartimos a continuación el comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales por el importante avance en la causa por la muerte de Matias Carbonell:

"Ayer la jueza Wilma López dictó el procesamiento de seis funcionarios del Hospital Borda. Los encontró responsables del delito de abandono de persona seguido de muerte contra Matías Carbonell, de haber omitido su deber de denunciar las quemaduras por electrocución que tenía y de las maniobras de sustracción de prueba. Matías murió el 12 de noviembre de 2010 en el Hospital Penna. Había llegado derivado del Borda, en profunda agonía. Al ingresar, los médicos señalaron que su cuerpo tenía lesiones físicas compatibles con el pasaje de corriente eléctrica, entre otras condiciones físicas de extrema gravedad que no pudieron ser revertidas.

(...)

La jueza se refirió a la complejidad de los hechos y a las dificultades que debieron sortear la fiscalía y la querella y reconstruyó el complejo camino de recolección de evidencias que se desplegó a lo largo de estos casi seis años de investigación. A pesar de la gravedad de la denuncia y de la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la muerte de una persona internada en un hospital porteño, no aportaron nunca información, documentación ni colaboración institucional. Por el contrario, la dirección del hospital y los responsables del área de Salud apañaron las maniobras de encubrimiento y dilación. No se inició ninguna investigación administrativa interna ni se dio información que ayudara a la investigación judicial.

Las situaciones estructurales de violaciones de derechos como las del Borda terminan en casos de violencia extrema como la muerte de Matías Carbonell. Este caso impone que la Ciudad de Buenos Aires adecue sus políticas y prácticas a las exigencias de la Ley Nacional de Salud Mental y apuntale los mecanismos para la promoción del Órgano de Revisión local, previsto por la ley. También está pendiente que se implementen el Mecanismo Nacional y Local de Prevención de la Tortura para intervenir sobre situaciones de privación de la libertad, tortura y malos tratos como la que sufrió Matías, observadas por la jueza como parte de una dinámica de violencia propia del hospital."

Para ver el comunicado completo dar click aqui