Compartimos la invitación de la Universidad Federal de Santa Catalina al Primer Encuentro Latinoamericano de Derechos Humanos y Salud Mental

"La intención es que juntos generemos un gran encuentro que de visibilidad y habilite instancias de diálogo, de análisis e intercambio permanentes sobre las diferentes experiencias de reforma y lucha antimanicomial en nuestros países. Sabemos que vivimos momentos difíciles en el campo de los Derechos Humanos y la Salud Mental, sobre todo por algunos retrocesos en los procesos en la Región. Consideramos imprescindible pensar y sacar conclusiones, asimismo colectivizar planos sobre el estado de situación y posibles estrategias que fortalezcan a nuestros colectivos y proyecten propuestas de Salud basadas en el respeto de los Derechos Humanos y la equidad social."

conteudoimagem_1493837602_1_1_SemTitulsasao-1

Para completar el formulario de inscripción haga Click Aquí

Para presentar su trabajo haga Click Aquí

De manera conjunta, el Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental (ORN) y el Órgano de Revisión de Salud Mental de Buenos Aires, manifestaron que la posición del Colegio de Médicos ante los concursos de servicios de salud mental es contraria a la ley 26.657. Mediante resolución C.S. 192, ese cuerpo colegiado resolvió que los jurados de evaluación, “deberán impugnar la participación de profesionales psicólogos” o declararlo desierto en caso de que no concursen profesionales médicos.

El ORN y el ORL hacen saber que la ley 26.657 de Salud Mental basa su fundamento en los mayores estándares internacionales –incluidos como parte integrante de la ley en su artículo 2°- tales como los 21 principios de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental de la ONU, los Principios de Brasilia rectores para el desarrollo de la atención en salud mental de las Américas, la Declaración de Caracas de la OPS y de la OMS para la reestructuración de la atención psiquiátrica.

Estas declaraciones, que son parte del texto legal, representan un pasaje del modelo de atención psiquiátrica a un abordaje interdisciplinario y comunitario.

En este sentido, cabe recordar que el modelo de atención que impone la ley implica la participación irrestricta del equipo interdisciplinario en todos los niveles de atención (art. 13).

Por otra parte, el articulado de la Ley Nacional de Salud Mental, establece que los profesionales de salud mental con título de grado tienen igualdad de condiciones para ocupar cargos de dirección y gestión en todos los servicios e institucionales a los que refiere la ley.

Es por ello que el pronunciamiento efectuado por el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires resulta violatorio a la ley vigente, independientemente de la legitimidad con la que cuenta esa entidad en la defensa de sus colegiados. No obstante, el organismo debe respetar la legalidad del Estado argentino en materia de salud mental.

Para ver la nota en su contexto haga click aquí

Compartimos la publicación del Órgano de Revisión Nacional 

"De realizarse, la propuesta sería contraria a los postulados establecidos por la Ley 26.657 respecto del abordaje de las personas usuarias de servicios de salud mental y atentaría contra el principio de sustitución de instituciones monovalentes.

El Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental (ORN) manifiesta su preocupación ante la posible apertura de una sala destinada a personas privadas de su libertad en las ex unidades 20 y 27 de los hospitales Borda y Moyano. Por ello, y dadas las funciones que cumple el ORN, manifestará a las correspondientes autoridades las inquietudes que provoca el hecho de llevar adelante una iniciativa de estas características.

La propuesta de destinar nuevamente esos espacios a unidades carcelarias sería una medida regresiva que va en contra de los postulados establecidos por la Ley Nacional de Salud Mental y violaría los estándares internacionales. Por otra parte, cabe recordar que en 2011 se produjeron dos muertes en la U20 del Hospital Borda.

Asociar las instituciones monovalentes de salud mental a espacios de reclusión de personas en conflicto con la ley genera, por un lado, una profunda estigmatización de las personas usuarias de servicios de salud mental y, por otro, obstaculiza el abordaje de la salud mental desde una perspectiva comunitaria, con base en la reinserción social, con acompañamiento de familiares y referentes afectivos, y respetuosa de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental."

Para ver la nota en su contexto haga click aquí

encuentro latinoamericano

Compartimos la invitación al Encuentro a realizarse los días 16, 17 y 18 de Noviembre de este año en la Universidad Nacional de Quilmes. Este Encuentro se propone como objetivo la puesta en valor de la potencialidad del trabajo con otros en la construcción de un entramado común, para la resolución de necesidades individuales y colectivas.

Para conocer más sobre el encuentro, haga click aquí

Compartimos la nota de la Comisión Provincial por la Memoria, la cual comunica la resolucion del juzgado de garantías N 6 de Lomas de Zamora, que ordena al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires tomar las medidas necesarias para acondicionar el hospital José Esteves de acuerdo a parámetros de seguridad e higiene que respeten la integridad y dignidad de las personas allí alojadas.

Para leer la nota completa haga click aquí

Compartimos el material desarrollado por ADESAM como aporte para acercar la Ley y el paradigma de derechos humanos en salud mental a la comunidad.

Es un material elaborado por Adesam en el marco del proyecto: “Violencia institucional: hacia la implementación de políticas de prevención en la Argentina”, ejecutado por: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Asociación Pensamiento Penal (APP), Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Xumek). Colectivo de Acción Jurídica (CIAJ) y Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) y financiado por la Unión Europea.

Los objetivos generales del proyecto fueron: contribuir a reforzar el papel de la sociedad civil en la protección de los derechos humanos y la promoción de políticas públicas democráticas e inclusivas; y fortalecer a los organismos estatales responsables por el diseño e implementación de políticas públicas con impacto sobre la prevención y sanción de la violencia.

Para acceder al texto completo, haga click aquí

Para conocer más sobre ADESAM: